El notario, el registro público de la propiedad y el catastro son instituciones cruciales para la seguridad jurídica y el desarrollo económico de un país. El notario, a través de la fe pública, asegura la validez y autenticidad de los actos jurídicos. El registro público de la propiedad, por su parte, garantiza la publicidad y seguridad de los derechos reales sobre inmuebles, facilitando las transacciones inmobiliarias. El catastro, finalmente, proporciona información sobre las propiedades para fines fiscales y de gestión municipal.

En resumen, el notario, el registro público de la propiedad y el catastro son instituciones complementarias que, trabajando en conjunto, contribuyen a la seguridad jurídica, la transparencia, y el desarrollo económico del país.